Los servicios sociales en España son el resultado de una dilatada evolución histórica que ha estado sujeta a toda suerte de influencias. Factores históricos, políticos, económicos, religiosos, culturales y jurídicos ,relacionados entre sí, han condicionado su trayectoria.
Los primeros esbozos de alguna responsabilidad pública ante situaciones de necesidad, se producen en torno al siglo XVI, pero en esta época, y durante varios siglos todavía, la respuesta se realiza como atención al caso concreto y a la situación particular. A menudo la forma de realizarlo que se empleaba era la institucionalización, es decir, el ingreso de la persona en algún establecimiento al efecto.
Pero estas instituciones generaban aún mayor segregación y marginación de los individuos. El papel y la responsabilidad del Estado fue en aumento también como consecuencia de la desamortización. La falta de recursos de las fundaciones religiosas cuando, en el XIX, se incrementan las necesidades, obligan a la rápida sustitución de la beneficencia privada por la pública. La cuestión social se encuentra en el substrato de la aparición de los Servicios Sociales. Provocó como respuesta, entre otros aspectos, el paulatino intervencionismo estatal. Esa intervención adopta, en un primer momento durante el XIX, una modalidad limitadora de los excesos mediante leyes sociales protectoras. Pero esa misma dinámica generará demandas de medidas preventivas, equipamientos y servicios que, con el tiempo, se estructurarán como Servicios Sociales. Si en otros países europeos esa evolución fue más rápida, el franquismo en España retrasó el proceso. Aunque introduce numerosas medidas concretas de acción social, lo realizó con mentalidad paternalista y con gran dispersión organizativa. De ahí que en ese período de nuestra historia España no contara aún con un nivel de cobertura de los Servicios Sociales, semejante al disponible en otros países europeos.
El retraso del sistema de Servicios Sociales en España en comparación a otros países, se ha reducido a partir de la Constitución de 1978 y las dinámicas jurídicas y políticas que ocasionó. Con la Constitución los Servicios Sociales se dirigen a todos los ciudadanos, siguiendo el principio de universalidad, aunque en la práctica no todos los grupos sociales necesitados cuenten con cobertura para sus necesidades. La falta de recursos económicos, el incremento de demandas debido a la crisis económica, la reciente implantación, etc., origina que haya sectores sociales todavía desatendidos.
La tendencia actual se dirige a reforzar los Servicios Sociales comunitarios, como primer nivel de atención, y a la desinstitucionalización. De esta manera se logra mantener a la persona en su medio habitual, propiciando así la integración. Tanto a nivel central como autonómico, se producen situaciones muy diferenciadas de acceso a los Servicios Sociales especializados.
Existen, en el momento actual, colectivos bastante mejor protegidos, como la tercera edad o los toxicómanos, que otros, como los gitanos, con menores dotaciones y servicios disponibles.
La iniciativa social ha desempeñado un papel relevante en la atención a las necesidades sociales. La legislación vigente apoya a las instituciones del voluntariado, y es creciente su protagonismo en la prestación de Servicios Sociales. Esta política se encuentra igualmente avalada por directrices de la propia Comunidad Económica Europea.
En España, desde la transición política, las distintas Administraciones (Central, Autonómica, Local) han realizado importantes esfuerzos en la consolidación de los Servicios Sociales, cada una dentro del ámbito de sus competencias. Pero resultan todavía insuficientes. Además, dado el retraso del que se partía, gran parte de los recursos se han orientado a la creación y puesta en marcha tanto de las estructuras administrativas como de cent ros y equipamientos. Por ello, pe se a los esfuerzos que se realizan, puede dar la impresión que los recursos no llegan a los verdaderos necesitados.
La evolución jurídica, política y administrativa y las prácticas materiales se encaminan a la configuración de los Servicios Sociales como un elemento más para elevar la calidad de vida, junto al sector educativo, al de empleo, salud, seguridad social, etc. Los Servicios Sociales hoy cuentan, al igual que estos otros sectores, con normativa propia, ámbito de actuación diferenciado, prestaciones específicas, estructura y equipamientos propios, con financiación pública, etc. Por ello los Servicios Sociales quedan configurados como un sistema público.
